El PP propone instalar cámaras de seguridad en parques y accesos a zonas deportivas para reforzar la protección de menores

El Partido Popular (PP) ha solicitado la instalación de cámaras de videovigilancia en parques públicos, y accesos a pistas deportivas y campos de fútbol municipales, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y proteger especialmente a los menores. Así lo ha informado la portavoz popular, María José de Alba, quien ha subrayado que la medida propuesta “deberá ajustarse a la normativa vigente, garantizando la proporcionalidad y el respeto a la protección de datos”.

De Alba ha explicado que esta iniciativa pretende prevenir actos vandálicos, disuadir conductas incívicas y facilitar la actuación de la Policía Local, siempre dentro de los límites legales. “La seguridad en los espacios donde conviven familias y jóvenes es un derecho y una obligación pública. Lo que planteamos se puede hacer, la ley lo permite y otras ciudades andaluzas ya lo aplican con garantías”, ha afirmado.

El PP ha recordado que en San Fernando ya existen cámaras en algunos parques públicos, como el de El Barrero, pero que se desconoce si están en funcionamiento y si cumplen plenamente la normativa legal. Por ello, la formación propone que el Ayuntamiento realice una auditoría técnica y jurídica para determinar el estado real de estos dispositivos, su adecuación a Derecho y, en caso necesario, su regularización inmediata.

El PP plantea iniciar un plan piloto en los parques y zonas de mayor afluencia de menores, como el Parque Almirante Laulhé, el Parque del Oeste y los entornos de pistas deportivas y campos de fútbol municipales, bajo la supervisión técnica de la Policía Local. También incluye la creación de una mesa técnica con representantes de los servicios jurídicos, informática, parques y jardines y el Delegado de Protección de Datos, para definir las ubicaciones exactas, los protocolos de acceso, los pliegos técnicos y los criterios de evaluación anual de la medida.

La propuesta del Partido Popular se apoya en el marco jurídico que permite a los ayuntamientos la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos. En primer lugar, la Ley Orgánica 4/1997, de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, habilita esta medida siempre que exista autorización de la Delegación del Gobierno y control de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, órgano que vela por la proporcionalidad y necesidad de cada caso. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana refuerza la capacidad municipal para adoptar medidas que favorezcan la seguridad en los espacios públicos.

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, junto al Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679), establece las garantías necesarias en materia de privacidad: limitación de acceso a las imágenes, conservación máxima de 30 días, señalización visible de las zonas grabadas y prohibición de captar audio salvo en casos excepcionales.

Desde el Partido Popular se insiste en que la implantación de estas cámaras no busca un control indiscriminado, sino proteger a los menores, prevenir delitos y mejorar la eficacia policial. “Cada cámara instalada en un parque o pista deportiva no solo refuerza la seguridad, sino que transmite tranquilidad a las familias y ayuda a cuidar el patrimonio público frente al vandalismo”, ha señalado María José de Alba.

La edil popular ha concluido reclamando al gobierno de Cavada que “revise con urgencia el estado de las cámaras del parque El Barrero y active un plan integral de videovigilancia en los espacios públicos con mayor afluencia infantil y juvenil, siempre dentro del marco legal y con total transparencia”.

“Se trata de una medida realista, legal y perfectamente aplicable, que muchas ciudades andaluzas como Sevilla, Huelva o El Ejido ya utilizan con éxito. San Fernando no puede quedarse atrás en la protección de sus vecinos y de sus espacios públicos”, ha afirmado.